El gobierno apura la decisión para evitar millonarios reclamos del sector privado. Los vecinos prometen movilizaciones públicas y más pedidos judiciales.

El ministro de Medio Ambiente, Francisco Beltrame, reconoció que el organismo dará habilitación a la regasificadora antes del 30 de octubre, informa El Observador.

Varios factores apuran al gobierno, entre ellos que una salida del plazo implicará reclamos al Estado de multas de hasta 20 millones de dólares por parte del sector privado. La obra fue adjudicada a la multinacional Gaz de France.

La aprobación “exprés” del proyecto deja en falsa escuadra a la Administración Mujica. El director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, Jorge Rucks, admitió días atrás que “hay presiones de todos lados” en busca de la aprobación ambiental del proyecto, cuyo costo estimado es de 1.125 millones de dólares.

La coordinadora del Oeste asegura que habrá movilizaciones en los próximos días. El proyecto es resistido por los vecinos de Sayago, que se apoyan en informes técnicos en poder del gobierno que señalan consecuencias medioambientales y de seguridad en esa zona costera del oeste montevideano.

La consultora estadounidense Foster Wheeler sugirió construir la futura planta lejos de la costa para evitar impactos ambientales

Los vecinos –a través de la llamada Coordinadora del Oeste- presentaron una solicitud a la justicia para que Ancap y UTE abran sus archivos y muestren en forma transparente todos los informes en su poder. En pocas horas, la sede judicial debe expedirse sobre esta gestión.